La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de tutela de segunda instancia del 9 de marzo de 2022, confirmó el amparó al derecho fundamental al debido proceso vulnerado por una autoridad judicial que se negó a librar mandamiento de pago por una obligación contraída en dólares, al asegurar que, el accionante, no cumplió la carga de aportar con la demanda certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que diera cuenta de la tasa representativa de mercado (TRM).
Concluyó el Alto Tribunal que, la certificación pedida, “imponía una carga adicional y ajena a lo estipulado en las reglas respectivas, situación que desborda la actuación del juzgador cognoscente, lo que, en efecto, vulneró garantías superiores.”
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FRANCISCO FAJARDO Abogados & Asociados
