La creciente vulnerabilidad del mercado regulado frente a las variaciones hidrológicas, particularmente durante eventos climáticos extremos, ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y reformular las reglas que rigen la contratación de energía eléctrica. Esta situación afecta especialmente a los generadores cuyo portafolio se compone predominantemente de fuentes hidráulicas, y tiene un impacto desproporcionado sobre más de doce millones de usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, quienes destinan una parte significativa de su ingreso al pago del servicio eléctrico. Como consecuencia, enfrentan aumentos tarifarios asociados a la alta volatilidad del mercado mayorista de energía (Bolsa de Energía).
En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía ha publicado el Proyecto de Decreto que adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía – Decreto 1073 de 2015 –, que tiene como finalidad establecer lineamientos de política pública orientados a fortalecer la confiabilidad del sistema y la estabilidad tarifaria en el mercado regulado. Para ello, se propone la implementación de mecanismos que incentiven una contratación más eficiente por parte de los agentes generadores, con el fin de disminuir la exposición de los comercializadores regulados a los precios del mercado spot.
El proyecto plantea, entre otras medidas, que los generadores celebren contratos de largo plazo por la mayor parte de su energía disponible, reduciendo así la dependencia de las transacciones en la Bolsa de Energía. Desde una perspectiva de eficiencia económica, estos contratos permiten generar señales de precio más predecibles, mejorar la gestión del riesgo de precios y garantizar condiciones de acceso más justas, estables y sostenibles para los usuarios regulados.
Si bien el objetivo central del Decreto es garantizar tarifas más estables y mejorar la confiabilidad del sistema, su alcance también se alinea con los principios de sostenibilidad ambiental. En particular, promueve la contratación de largo plazo con proyectos de generación que utilicen fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), contribuyendo así a los compromisos del país en materia de cambio climático, transición energética y reducción de emisiones. Esta iniciativa se articula con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los lineamientos de la Política de Transición Energética Justa.
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