La naturaleza jurídica del anticipo, en materia de contratación pública, está prevista en 2 normas: (i) el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y, (ii) en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.
Respecto al Régimen jurídico aplicable a la contratación con entidades sin ánimo de lucro, la Constitución Política establece que las Entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal podrán, con sus propios recursos, contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro –ESAL– con el fin de impulsar programas y actividades de interés público.
En desarrollo del artículo 355 de la Constitución, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 92 de 2017 donde se regula dos eventos: i) los contratos de colaboración o de interés público, con el fin impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política; y ii) los convenios de asociación para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones de las Entidades estatales, en desarrollo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
Según la normativa referida se concluye que, en los contratos de colaboración o de interés público, no hay lugar a una contraprestación directa a favor de la Entidad y tampoco a una relación conmutativa entre esta y la ESAL, toda vez que el beneficio real y directo lo reciben, en últimas, los terceros beneficiarios de este tipo de acciones de fomento. De otro lado, en los convenios de asociación no existen contraprestación o pago, sino aportes, los cuales están dirigidos, exclusivamente, a lograr la ejecución del convenio y no a remunerar la actividad o actuaciones del asociado.
FRANCISCO FAJARDO Abogados & Asociados SAS
