El Decreto 1600 de 2024, expedido el 27 de diciembre, introduce reformas significativas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, enfocándose en la contratación pública para prevenir prácticas corruptas y garantizar mayor transparencia en los procesos de compra estatal.
Entre las principales disposiciones se destacan:
1. Verificación de control empresarial: Los proponentes deben declarar, en un plazo de 3 días, si existen situaciones de control que puedan generar inhabilidades.
2. Buenas prácticas: Las entidades deben documentar que siguen las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente para asegurar pluralidad de oferentes y transparencia.
3. Análisis de mercado abiertos: Los estudios de precios deben ser públicos, evitando consultas cerradas o direccionadas a grupos reducidos de empresas.
Además de estas medidas, el decreto introduce cambios en la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Moralización y sus subcomisiones técnicas, con el objetivo de fortalecer el control social y fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en los territorios. Se crean la Subcomisión Técnica para la Prevención de la Corrupción y la Subcomisión Técnica para la Detección y Sanción de Hechos de Corrupción, y se redefine la composición y funciones de las Comisiones Regionales de Moralización. También se implementa la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción (Renoba) y se establece un estándar de debida diligencia para la investigación y sanción de presuntos actos de corrupción.
Las entidades tienen hasta el 27 de junio de 2025 para implementar estas directrices, con flexibilidad para las entidades territoriales. Aunque el decreto representa un avance en la lucha contra la corrupción, su efectividad dependerá de una aplicación rigurosa y de superar desafíos normativos y operativos.
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