El Procurador General de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional que declare inexequible una norma que otorga amplias facultades a la Superintendencia del Subsidio Familiar. El concepto se emite dentro de una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7° (parcial) del Decreto 2150 de 1992, que reestructura dicha Superintendencia.
La demanda argumenta que la norma, al otorgar facultades de inspección, vigilancia e intervención, desconoce los principios de legalidad y debido proceso. Según el Procurador, la norma no establece un marco legal suficientemente claro que limite la discrecionalidad de la Superintendencia y garantice los derechos de las entidades sometidas a su control.
El Ministerio Público considera que la falta de precisión en la norma genera incertidumbre jurídica y puede llevar a arbitrariedades por parte de la Superintendencia. Por ello, solicita que se declare su inexequibilidad y se exhorte al Congreso a expedir una nueva regulación que respete los principios de legalidad y debido proceso.
Al efecto, se destaca del concepto, lo siguiente:
“En estos términos, para el Ministerio Público, las normas acusadas no cumplen con las exigencias de los principios de legalidad ni debido proceso, en la medida en que las funciones del IVC del Superintendente del Subsidio Familiar, allí establecidas, tienen tal nivel de indeterminación que resultan deficientes para establecer el ámbito de acción de la autoridad y crean incertidumbre jurídica a los interesados sobre las conductas, objeto de actuación y sobre sus consecuencias. Por tanto, se solicitará declarar la inexequibilidad del artículo 7 (parcial) del Decreto 2150 de 1992.
Sin embargo, dado que el ejercicio de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar tiene incidencia en asuntos de relevancia constitucional asociados con el manejo de los recursos de la seguridad social, se solicitará que tal declaratoria se emita con efectos diferidos, para que el Congreso de la República expida una nueva normativa en un plazo razonable.”
Esta decisión podría tener un impacto significativo en el funcionamiento del sistema de subsidio familiar en Colombia, ya que limitaría las facultades de la Superintendencia y la obligaría a actuar dentro de un marco legal más preciso.
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