Los contratos de transacción celebrados para prevenir o solucionar controversias derivadas de contratos estatales tienen un alcance jurídico preciso.
La transacción constituye un instrumento jurídicamente válido para resolver controversias surgidas de la actividad contractual estatal, en cuanto permite extinguir o definir obligaciones y evitar la prolongación de conflictos con potenciales efectos económicos para las partes y para el erario.
Cuando la transacción tiene por objeto precaver o solucionar una controversia originada en un contrato estatal, no constituye un negocio completamente autónomo y desvinculado de este. Por el contrario, existe una conexidad causal y jurídica entre ambos negocios, pues la transacción tiene origen en la relación contractual estatal y está dirigida a definir las consecuencias derivadas de su ejecución.
Por esta razón, aunque los aspectos propios de la transacción se encuentran regulados por los artículos 2469 y siguientes del Código Civil, la aplicación de las normas civiles debe armonizarse con el régimen especial de contratación estatal y no opera de manera absoluta frente a materias particularmente reguladas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
En ese sentido, la transacción no desconoce la relación contractual estatal de la cual surge, sino que actúa sobre las consecuencias derivadas de la controversia presentada durante su ejecución, manteniendo así una relación jurídica con el contrato que le dio origen.
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Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.
