Ley 80 de 1993 introdujo el principio de "arreglo directo" como deber para la solución de controversias en contratos estatales, instando a las partes a realizar un intento real de dirimir sus diferencias.

El carácter vinculante de las manifestaciones incorporadas y suscritas por los contratistas en los documentos contractuales (prórrogas, adiciones, suspensiones, otrosí, etc.).

En contratos interadministrativos, no se puede subcontratar la totalidad de actividades, así como tampoco a personas que hayan participado en la elaboración de estudios, diseños y proyectos del contrato principal.

Por regla general, las entidades contratantes no pueden exigir la residencia del oferente como requisito habilitante, salvo cuando se trate de procesos limitados a Mipymes territoriales.

Organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con 10 o más años de haberse incorporado en el RUNAP, podrán celebrar contratos con Entidades Estatales.

La nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de control procedente cuando el acto de liquidación unilateral del contrato adquiere firmeza después de haberse caducado el medio de control de controversias contractuales.

CCE indica que en SECOP debe publicarse el expediente contractual; sin embargo, las entidades deben abstenerse de publicar los documentos que contienen información sensible, clasificada o reservada.

Si una entidad declara desierto un procedimiento contractual, deberá estudiar nuevamente, a través de qué modalidad y causal establecida en la ley, podrá contratar el bien o servicio.

Las Entidades Estatales están en la obligación de dar publicidad a todos los documentos relacionados con el proceso de contratación, dentro de los tres días hábiles posteriores a su expedición.

Los documentos tipo para obras de infraestructura de transporte, por regla general, son inalterables, salvo que el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra de infraestructura de transporte.