Consejo de Estado (Rad. 69696/23) indicó que el enriquecimiento sin causa por parte de una entidad pública, exige más que la ausencia de contrato, pues debe demostrarse que la omisión de la prestación del servicio representa una amenaza al derecho a la salud y la imposibilidad de la entidad para planificar el proceso de selección (SU 24897, hipótesis 2).

La causal de inhabilidad, derivada de la presentación simultánea de propuestas por parte de cónyuges o compañeros permanentes durante un mismo proceso licitatorio, es extensiva a parejas del mismo sexo, con el fin de salvaguardar el principio de igualdad.

Impedir la participación en la audiencia de adjudicación configura causal de nulidad del acto de adjudicación, por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.

Con el propósito de fomentar la transparencia, la integridad y la competencia en el mercado, la Organización Mundial del Comercio ha establecido el Acuerdo sobre Contratación Pública. Este acuerdo permite a los países miembros de la Organización adherirse al mismo y entablar negociaciones con los Estados Parte, es decir, aquellos que ya han ratificado el...

Responsabilidad disciplinaria de los ordenadores del gasto, por adjudicar contratos fruto de evaluaciones irregulares del comité evaluador.

Documentos tipo para contratar interventoría de obras públicas de infraestructura social por parte de entidades regidas por EGCAP-obligatorios-, Podrían ser extensivos a entidades de Régimen Especial.

El acto de liquidación del contrato y el acto que declara la caducidad del mismo, son decisiones administrativas autónomas que crean situaciones jurídicamente diferentes.

Contraloría General de la República examina la responsabilidad fiscal en el marco del ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, delineando roles, normatividad aplicable y criterios de imputación.

Los contratistas vinculados como apoyo a la gestión de entidades públicas, son sujetos disciplinables.

Colombia Compra en Concepto C-294 de 2023, precisó que la Ley de Transparencia obliga a las entidades estatales de régimen especial, a publicar su actividad contractual en SECOP II.