Entidades estatales no pueden despojarse de su competencia de liquidar el contrato y trasladarla a la jurisdicción contenciosa administrativa, mientras esté vigente el término para la liquidación unilateral.

Contratos de arrendamiento donde uno de los extremos sea una entidad pública, se configuran en contratos estatales, aun cuando no se encuentren enlistados en la Ley 80 de 1993.

Entidades estatales están obligadas a usar documentos tipo para contratar obras de infraestructura social del sector educativo, bajo la modalidad de "llave en mano".

CCE publicó “Guía para la incorporación de lineamientos de integridad en la contratación de prestación de servicios”, destinada a prevenir la corrupción y fomentar el principio de transparencia.

CCE en Concepto C-452 de 2023, estableció la posibilidad de adicionar, a un contrato derivado de una urgencia manifiesta (contratación directa), recursos debidamente apropiados para la misma.

Colombia Compra Eficiente, mediante Circular Externa No. 006 de 2023, concede última prórroga para el cierre de contratos electrónicos en SECOP II, hasta el 01 de marzo de 2024.

Actos precontractuales de entidades exceptuadas de la Ley 80 de 1993, deben demandarse a través del medio de control de reparación directa, puesto que no se consideran actos administrativos.

Ley 80 de 1993 introdujo el principio de "arreglo directo" como deber para la solución de controversias en contratos estatales, instando a las partes a realizar un intento real de dirimir sus diferencias.

El carácter vinculante de las manifestaciones incorporadas y suscritas por los contratistas en los documentos contractuales (prórrogas, adiciones, suspensiones, otrosí, etc.).

En contratos interadministrativos, no se puede subcontratar la totalidad de actividades, así como tampoco a personas que hayan participado en la elaboración de estudios, diseños y proyectos del contrato principal.