La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de su titular, Gregorio Eljach Pacheco, presentó el Proyecto de Ley N° 123 de 2025 al Congreso de la República, el cual tiene como finalidad la creación de la Universidad del Ministerio Público. Esta nueva entidad se concebiría como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal.
La iniciativa encuentra sus antecedentes en la experiencia del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), una institución que durante tres décadas ha capacitado al personal del Ministerio Público, demostrando la viabilidad y necesidad de expandir estas funciones a un modelo universitario integral. El propósito es fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público mediante una oferta académica de calidad y la promoción de la investigación.
El proyecto se regirá por la Ley 30 de 1992 y tiene como objetivo fortalecer las capacidades académicas, técnicas y profesionales de los servidores del Ministerio Público debido a que el actual modelo de capacitación se considera insuficiente para responder a las demandas del servicio público contemporáneo. Por ello, la propuesta se fundamenta en un modelo educativo flexible que incluye modalidades presenciales, virtuales e híbridas, facilitando el acceso a la formación en todo el territorio colombiano no se pretende duplicar funciones del sistema universitario general, sino establecer una entidad académica orientada específicamente a las necesidades institucionales del Ministerio Público.
La Universidad del Ministerio Público tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, D.C., pero podrá establecer sedes o seccionales en otras regiones. El patrimonio y los ingresos de esta universidad provendrán de varias fuentes, incluyendo: recursos públicos asignados anualmente en el Presupuesto General de la Nación, ingresos propios generados por la oferta de programas académicos y servicios de consultoría, el valor del certificado de antecedentes disciplinarios, y los recursos obtenidos de la inscripción en los concursos públicos de ingreso a la carrera administrativa. Adicionalmente, se financiará a través de convenios interinstitucionales y donaciones.
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