La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la existencia de un daño antijurídico imputable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, derivado de un procedimiento administrativo sancionatorio adelantado contra una agencia de aduanas, por presunta infracción de sus deberes legales.
En el marco de dicho trámite, la DIAN impuso una medida cautelar consistente en la suspensión provisional de la habilitación de la sociedad como agencia de aduanas, lo que le impidió ejercer su actividad durante trece días. Posteriormente, dicha medida fue revocada por decisión judicial dentro de una acción de tutela, y el procedimiento concluyó con la absolución de responsabilidad de la sociedad demandante, al no acreditarse la comisión de ninguna infracción.
En sede contenciosa, se demostró que la medida cautelar, a pesar de su aparente legalidad formal, fue desproporcionada y generó un perjuicio antijurídico, pues privó a la sociedad del ejercicio legítimo de su actividad económica sin que existiera sustento fáctico o jurídico suficiente. En consecuencia, el Consejo de Estado concluyó que no existía el deber jurídico de soportar el daño, dado que la propia administración reconoció la inexistencia de los hechos que motivaron la actuación.
Por tanto, la Sala condenó al Estado a indemnizar la totalidad de los ingresos dejados de percibir por la sociedad durante el período de suspensión, al considerar que se trató de una ganancia cierta frustrada y no de una simple expectativa.
La decisión fue adoptada con dos aclaraciones de voto y un salvamento parcial, que, si bien no desvirtuaron el sentido del fallo, sí plantearon consideraciones adicionales.
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