El Departamento Nacional de Planeación sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Actualización y Gestión Catastral Nacional, identificado con el código BPIN 2018011000692 a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La iniciativa fue aprobada mediante el Documento CONPES 4204 del 17 de julio de 2026.
El proyecto busca garantizar la implementación integral y sostenida de los procesos de actualización catastral en nueve municipios priorizados al año 2027, con el propósito de fortalecer la formalización y regularización de la propiedad, mejorar la administración del territorio y robustecer las finanzas públicas territoriales. La medida también da continuidad a la Política Pública de Catastro Multipropósito y permite asegurar los recursos necesarios para completar las intervenciones más allá de la vigencia 2026.
- Municipios priorizados y alcance de la intervención
La actualización comprenderá los municipios de Saravena, en Arauca; El Doncello, El Paujíl y Belén de los Andaquíes, en Caquetá; Almaguer y Sucre, en Cauca; Becerril y Agustín Codazzi, en Cesar; y San Marcos, en Sucre. Los nueve municipios serán distribuidos en siete lotes, de acuerdo con criterios de localización, homogeneidad territorial y optimización logística.
La intervención proyecta actualizar 824.561 hectáreas y parte de una base de 101.038 predios registrados en el catastro vigente de 2024. El número final puede aumentar con la identificación de predios informales o no incorporados. Las áreas correspondientes a resguardos indígenas legalmente constituidos se encuentran excluidas del alcance definido para esta intervención.
- Ejecución técnica y operativa
El IGAC adelantará una licitación pública internacional para seleccionar a los operadores catastrales y conservará la dirección técnica, la coordinación, la supervisión y el control de calidad. La fase preoperativa se desarrollará durante el segundo semestre de 2026; la fase operativa comenzará en el cuarto trimestre del mismo año; y la fase posoperativa se ejecutará durante el primer semestre de 2027.
Las actividades incluyen el levantamiento e individualización predial, la actualización de la información física, jurídica y económica, la determinación de avalúos comerciales y la consolidación de bases de datos catastrales interoperables. También se prevén espacios de socialización y participación comunitaria, salvaguardas sociales y ambientales, metodologías adaptadas a las condiciones de seguridad de cada territorio y mecanismos permanentes de aseguramiento de la calidad.
- Beneficios sociales, fiscales e institucionales
El proyecto beneficiará a los nueve municipios y a una población estimada de 296.067 personas. La información actualizada permitirá mejorar la correspondencia entre catastro y registro, identificar con mayor precisión los predios y sus relaciones de tenencia, fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad y suministrar insumos técnicos para los procesos de formalización y regularización predial.
El documento estima que inicialmente podrán identificarse cerca de 15.060 predios registrados como baldíos o bienes públicos, susceptibles de posteriores actuaciones de formalización por las entidades competentes. Asimismo, la actualización permitirá reducir la brecha entre los valores catastrales y comerciales, ampliar la base gravable del impuesto predial, mejorar la capacidad fiscal municipal y respaldar la revisión de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, la gestión ambiental y la focalización de políticas públicas.
- Financiamiento y seguimiento
El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) otorgó aval fiscal por $54.917 millones. De este total, $24.713 millones corresponden a la apropiación presupuestal de 2026 y $30.204 millones a vigencias futuras ordinarias para 2027, financiadas con recursos de crédito. La autorización permitirá respaldar las fases preoperativa, operativa y posoperativa del proyecto, cuyo proceso de actualización contempla un plazo de ejecución de diez meses.
El seguimiento físico y presupuestal se realizará mediante el Plan de Acción y Seguimiento, con reportes consolidados por el DNP. Se prevé un primer corte en diciembre de 2026, un segundo corte en junio de 2027 y un informe de cierre en diciembre de 2027.
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