La solicitud de nulidad en el medio de control de nulidad electoral debe basarse en causales claras y fundamentadas, especificando la causal y los hechos que la respaldan, según lo estipulado en el CGP y la Ley 1437 de 2011.
El Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre el control judicial de actos que resuelven la revocatoria directa: solo serán demandables si crean situaciones nuevas que modifiquen el acto inicial; en lo demás, no son pasibles de control jurisdiccional.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó un fallo por violar el principio de congruencia, ya que la sanción se basó en una falta distinta a la imputada. Al no respetarse el pliego de cargos, se afectó el debido proceso, lo que llevó a la absolución de la disciplinada.
La Corte Suprema define opciones para valorar dictámenes periciales cuando el perito fallece, garantizando el derecho a la prueba y el debido proceso
En los procesos de nulidad electoral, los terceros pueden ser reconocidos hasta antes de la ejecutoria de la providencia que imparta el trámite de sentencia anticipada.
El Estado, como garante de derechos, debe garantizar la integridad de quienes están bajo su custodia en centros transitorios, adoptando medidas idóneas que eviten riesgos previsibles y protejan su vida y dignidad.
La tacha de falsedad no es un medio probatorio en sí misma, sino una prerrogativa procesal. Su rechazo no da lugar al recurso de súplica, impactando la estrategia procesal al no poder impugnar esa decisión directamente.
La Corte Suprema reafirma que las obligaciones dinerarias generan intereses de mora automáticamente al incurrir en retraso, sin requerir pacto expreso ni prueba de perjuicios, conforme al artículo 1617 del Código Civil.
El CSJ adopta lineamientos para un uso ético de la IA en la justicia, destacando su potencial para optimizar procesos, pero advirtiendo sobre riesgos como imprecisiones y exposición de datos, promoviendo supervisión humana y bases de conocimiento institucional.
El Consejo de Estado destacó la necesidad de precisión en las pruebas testimoniales para garantizar su utilidad, pertinencia y contradicción. Subrayó que referencias genéricas a la demanda no cumplen la finalidad procesal establecida por la Ley 1564 de 2012.
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