El nuevo Código Procesal del Trabajo incluye reformas clave como sentencia anticipada, garantía de segunda instancia y mayor uso de tecnología, fortaleciendo la justicia laboral con procesos más ágiles, inclusivos y eficaces en Colombia.
En el proceso civil, la libertad probatoria exige que las pruebas cumplan criterios de conducencia, pertinencia y utilidad, asegurando el derecho a probar y evitando rechazos inmotivados que vulneren el debido proceso.
La Resolución No. 00561 de 2024 de la Fiscalía General regula la aplicación del principio de oportunidad, estableciendo normas claras sobre su discrecionalidad, obligatoriedad, causales y control judicial en procesos penales.
El plazo de 30 días para la demanda de nulidad electoral debe contarse en días hábiles, excluyendo feriados y vacancia judicial. Una correcta contabilización es clave para evitar el rechazo por caducidad, según el CPACA.
El Consejo de Estado unifica los criterios para tramitar el recurso de apelación en procesos de reparación colectiva. Establece reglas claras sobre notificaciones, presentación y sustentación del recurso, admisión de pruebas y roles del Ministerio Público.
La Corte confirmó que la notificación electrónica de sentencias se perfecciona a los dos días hábiles del envío, según el artículo 205 del CPACA, y que los términos procesales inician al día siguiente, garantizando seguridad jurídica en lo digital.
En procesos ejecutivos, los efectos de la cosa juzgada material impiden reabrir el debate jurídico, mientras que los efectos de la cosa juzgada formal, permiten al acreedor acudir a una demanda declarativa para el reconocimiento de su obligación.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial recordó que el cliente debe asumir el IVA en honorarios de abogados, sin importar si se pactó al contratar. El abogado solo recauda el impuesto, según la ley y el Concepto Unificado de la DIAN de 2003.
Responsabilidad del Estado por omisión en vías públicas no es automática; son trascendentales pruebas objetivas para atribuir responsabilidad.
La Corte Constitucional ordenó a una universidad suministrar información académica de un funcionario público, destacando que el derecho al acceso a la información del periodista prevalece sobre el habeas data, en pro de la transparencia y el control ciudadano.
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