En aplicación del principio pro actione, el conteo de caducidad en contratos estatales sometidos al derecho común puede regirse por el acuerdo de las partes.

La revocatoria directa modifica o extingue las decisiones adoptadas en los actos administrativos, mientras que el decaimiento suspende los efectos de estos, generando la pérdida de su fuerza ejecutoria.

Corte Constitucional admitió el uso de la IA en la administración de justicia, siempre que se asegure la protección de los derechos fundamentales, se adopten criterios éticos y se preserve el principio de no sustitución del razonamiento humano.

Para tramitar el incidente de regulación de honorarios es necesario que la terminación del mandato sea por revocatoria del poder y no por renuncia, según lo estipulado en el artículo 76 del CGP.

Consejo de Estado señaló que no procede la reclamación de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por la declaración de inconstitucionalidad de una norma, especialmente si la Corte Constitucional no moduló sus efectos retroactivos o ultractivos.

Exigir el registró en RADIAN de la factura ejecutiva cuando se estudia librar mandamiento de pago en sede judicial, conlleva a una vulneración del debido proceso.

Los efectos del desistimiento tácito no tienen carácter retroactivo, ni se aplican cuando se realice una actuación que impulse el trámite procesal.

Los perjuicios causados por el cumplimiento de decisiones adoptadas en trámites de tutela, que con posterioridad sean revocadas, pueden reclamarse a través de reparación directa, siempre que se verifiquen los presupuestos del error judicial.

Salvamento de voto: la condena en costas aplica solo si la demanda carece de fundamento, sin distinción del tipo de proceso, salvo casos con regulación especial.

Corte Constitucional analiza e insta a las autoridades a cumplir con el deber de motivación de sus decisiones administrativas, empleando un lenguaje claro y comprensible.