Suspensión de la ejecución de un convenio interadministrativo, debe cumplir los requisitos de procedencia específicos para las medidas cautelares diferentes de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo.

La inscripción en el RUP de sanciones administrativas extranjeras debe ajustarse a la normatividad colombiana para garantizar el debido proceso.

La justicia arbitral carece de competencia para analizar la legalidad de un acto administrativo regulatorio, así como para modular o alterar sus efectos en el tiempo.

Las entidades estatales podrán declarar el incumplimiento del contrato hasta el vencimiento del plazo para liquidarlo, siempre que no se haya radicado demanda tendiente a la declaratoria de cumplimiento a favor del contratista.

Publicaciones en cualquier medio de comunicación, si bien pueden valorarse como pruebas documentales, no son útiles para demostrar el cumplimiento del contrato estatal en sede judicial.

Procesos donde se solicite medida cautelar de suspensión provisional diferente a la de carácter patrimonial, exige el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, so pena de rechazo de la demanda.

El Control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República es preferente cuando se trate de contratos cuyos recursos del orden nacional sean superiores al 50% de la financiación total.

Principio de prueba; aspecto relevante para que el juez acuda a la facultad excepcionalísima de decretar prueba de oficio cuando ha finiquitado el periodo probatorio.

La medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos no tiene la condición de previa y, por lo tanto, no puede omitirse la remisión de la demanda a la contraparte, al momento de su radicación.

Cuando la entidad pública demandada omite su deber de aportar el expediente administrativo contractual con la contestación de la demanda, el juez puede acudir a los documentos publicados en SECOP.