Publicaciones en cualquier medio de comunicación, si bien pueden valorarse como pruebas documentales, no son útiles para demostrar el cumplimiento del contrato estatal en sede judicial.

Procesos donde se solicite medida cautelar de suspensión provisional diferente a la de carácter patrimonial, exige el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, so pena de rechazo de la demanda.

El Control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República es preferente cuando se trate de contratos cuyos recursos del orden nacional sean superiores al 50% de la financiación total.

Principio de prueba; aspecto relevante para que el juez acuda a la facultad excepcionalísima de decretar prueba de oficio cuando ha finiquitado el periodo probatorio.

La medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos no tiene la condición de previa y, por lo tanto, no puede omitirse la remisión de la demanda a la contraparte, al momento de su radicación.

Cuando la entidad pública demandada omite su deber de aportar el expediente administrativo contractual con la contestación de la demanda, el juez puede acudir a los documentos publicados en SECOP.

Para controvertir judicialmente los actos jurídicos de las ESP, con ocasión de su actividad contractual, no es necesario perseguir su nulidad.

Costos de concursos de méritos para acceso al empleo público, deben ser asumidos por la respectiva entidad, en favor de la CNSC. En caso de mora, la tasa de interés aplicable será la del CPACA.

Requisito de relevancia constitucional como causal general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, con el fin de evitar su conversión en instancia adicional al proceso ordinario.

Los jueces tienen el deber de decretar pruebas de oficio cuando se adviertan zonas de penumbra, con el fin de prevenir la configuración de un error de derecho o generar una nulidad.