En Colombia, el desarrollo urbanístico ha estado ligado a la adopción de nuevas tecnologías de construcción provenientes de países vecinos, en respuesta a catástrofes de alta magnitud como el sismo de Popayán del 31 de marzo de 1983 que dejó 1.500 personas heridas, 225 fallecidas y 4.900 edificaciones destruidas; de igual manera, el sismo de Armenia el 25 de enero de 1999, que causó 1.185 heridos, 536 muertos y la destrucción total de 35.572 viviendas. Estos sucesos llevaron al Estado a regular e implementar gradualmente normativas en el diseño y construcción de edificaciones para la comunidad.
A nivel nacional se han desarrollado procesos de diseño estructural para edificaciones de diversas categorías; inicialmente, con el Decreto 1400 de 1984 que más adelante se transformaría en la Norma Sismo Resistente NSR 98 y en la actualidad con la NSR 10, normativa vigente y de obligatoria aplicación en temas de diseño estructural, la cual regula los parámetros de diseños de vivienda a nivel nacional.
Pero lejos de obtener un reglamento exigible a cada una de las construcciones que se han desarrollado en el país, las viviendas que tienen condiciones de origen informal y que, por lo tanto, no guardan parámetros estandarizados de diseño y construcción, alcanzan un 67% del total de las viviendas construidas; la normativa contiene pautas y reglas técnicas para quienes solicitan licencia de construcción de manera formal (que son en mayor proporción los proyectos de inversión de gran envergadura y proyectos estatales), mientras que a diario, de manera ilegal se construyen viviendas de 1 hasta 4 pisos sin la elaboración de diseños adecuados y menos obteniendo los permisos correspondientes de las entidades que regulan estas actividades de control urbanístico del nivel territorial, como son las curadurías y las Secretarías de Planeación.
Al efecto, el portal de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en una publicación del 31 de agosto de 2023, destacó que: (https://www.escuelaing.edu.co/es/noticias/es-oficial-nueva-norma-nacional-para-reducir-vulnerabilidad-de-la-vivienda-informal/)
“El 25 de agosto de 2023, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio firmó el Decreto 1401 de 2023, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento NSR-10, permitiendo el uso de la nueva NORMA AIS 410-23 “Evaluación y reducción de la vulnerabilidad sísmica en viviendas de mampostería”. Esta norma ha sido elaborada al interior del Comité AIS 400 (Vulnerabilidad sísmica y evaluación de daño) de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS, que se convierte en una norma nacional para reducir la vulnerabilidad estructural de las viviendas de origen informal.
Para Nancy Torres Castellanos, quien forma parte de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y es miembro del Comité AIS 400 y del subcomité que desarrolló el documento AIS 410, “este abre las puertas para que el país pueda avanzar mucho más rápido hacia el mejoramiento estructural de viviendas informales en todos los municipios colombianos, ya que define las especificaciones técnicas necesarias para evaluar y reducir la vulnerabilidad sísmica de viviendas de mampostería, que han sido y seguirán siendo construidas de manera informal en el país”.
Por su parte, Fabián Lamus Báez, también miembro de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, líder del Comité AIS 400 de Vulnerabilidad Sísmica y Evaluación de Daños y profesor de la universidad, explica que lo que busca la norma es que cualquier ciudadano pueda acceder al reforzamiento de su vivienda con una baja inversión, lo que le permitiría mitigar de alguna forma esa vulnerabilidad sin tener que “volver a hacerla”; eso sí, se requiere la participación de un profesional de ingeniería civil que pueda aplicar adecuadamente la nueva norma”.”
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente es una normativa de obligatorio cumplimiento en los procesos de contratación estatal relacionados con obras de infraestructura. Este reglamento establece los parámetros y requisitos técnicos que las construcciones deben cumplir para garantizar su resistencia ante sismos, influyendo en la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura pública, así, asegura el cumplimiento de normativas de seguridad y calidad en las edificaciones financiadas con recursos públicos.
Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.
