Varios sectores han alzado su voz de preocupación por los lineamientos establecidos en la Circular Conjunta No. 100-005 2022 del DAFP y la ESAP, en tanto establecieron un plazo de cuatro (4) meses para la racionalización del uso de los contratos de prestación de servicios en las entidades públicas.
La Ministra de Trabajo, en Observaciones del 30 de diciembre de 2022, reclamó lo siguiente:
(Sic) “(…) se observa que la expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas antes citadas imponen, y por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro (4) meses y sin apropiaciones presupuestales correspondiente, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa de las entidades públicas sino también imponen un carga imposible de ejecutar en los tiempos que la circular establece.”.
A esta voz se ha sumado también la Federación Nacional de Municipios, pidiendo un nuevo plazo, en tanto, consideran, no se tuvo en cuenta que, para el año 2023 estará vigente la Ley de Garantías, con prohibiciones que aplican para gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital.
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