El Tribunal Administrativo de Nariño notificó en el día de hoy la admisión de una acción popular interpuesta por la Corporación Transparencia para Colombia – Veeduría y Observatorio de Delitos contra el Estado, en contra de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, por la presunta vulneración de derechos e intereses colectivos.
De acuerdo con lo señalado en la providencia judicial, la demanda fue admitida al encontrar sustento suficiente en los hechos expuestos por la veeduría accionante, los cuales señalan la presunta afectación de los derechos colectivos a:
• “la moralidad administrativa”;
• “la defensa del patrimonio público”; y
• “la libre competencia económica”, conforme a los literales a), e) e i) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
La acción judicial se fundamenta en lo que ha sido calificado como “graves irregularidades e ilegalidades en la contratación de la entidad durante la vigencia 2024, desconociendo reglas elementales del Estatuto General de Contratación, que favorecieron intereses particulares en desmedro del interés público y de los derechos colectivos demandados (…)”, hechos que involucran al menos trece (13) contratos por un valor superior a los $9.000 millones de pesos, ejecutados bajo la administración del señor José Andrés Díaz Rodríguez.
Como medida cautelar preventiva, el Tribunal ordenó oficiar a los principales órganos de control del Estado:
“la Nación – Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para que dentro de sus competencias adopten las medidas de auditoría, vigilancia y/o control y las que fuesen necesarias, respecto de los contratos a los que se alude en la demanda. De lo anterior, las entidades requeridas deberán presentar el respectivo informe cada tres (3) meses, contados a partir de la notificación de la presente providencia.”
Asimismo, el Tribunal dispuso:
“la compulsa de copias ante los organismos de control administrativo y judicial, por la comisión de faltas que constituyan cualquier tipo de responsabilidad administrativa (disciplinaria y fiscal), así como de responsabilidad penal en que pudo haber incurrido el señor José Andrés Díaz Rodríguez en su calidad de representante legal y ordenador del gasto de CORPONARIÑO para la vigencia 2024, así como de todas y cada una de las personas que hayan estado igualmente involucradas en tales responsabilidades, por los hechos aquí demandados”.
De acuerdo con el procedimiento legal, la entidad demandada deberá contestar la acción popular dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. Una vez surtido el traslado, el Tribunal fijará fecha y hora para la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento, espacio en el que se buscará proteger y restablecer los derechos colectivos presuntamente vulnerados.
Este proceso será objeto de seguimiento especial por parte de los organismos de control y de la ciudadanía interesada en la defensa de la legalidad y la transparencia en la administración pública.
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