La Sección Tercera del Consejo de Estado reafirma que los contratos estatales deben constar por escrito para existir. En su ausencia, el contrato se considera inexistente y no genera efectos jurídicos ni permite mecanismos de control.

Colombia Compra Eficiente, en el Concepto C-765 de 2024, precisa que las entidades estatales deben proteger información reservada en los procesos de contratación pública, limitando la publicación en SECOP solo a lo no clasificado.

  Ver CUANTÍAS DE CONTRATACIÓN Menor cuantía y mínima cuantía para la vigencia 2025.      Francisco Javier Fajardo Angarita Abogados y Asociados S.A.S.

Las entidades públicas pueden incluir la exigencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en sus procesos de contratación, siempre que esté justificado en estudios previos y análisis sectorial correspondiente.

Las adendas en contratación pública deben emitirse antes del vencimiento del plazo inicial, garantizando proporcionalidad y evitando prórrogas injustificadas, conforme al principio de economía de la Ley 80 de 1993 y el Concepto C 782 de 2024 de Colombia Compra Eficiente.

Colombia Compra Eficiente analiza los contratos de operación logística, su carácter mixto y atípico, y detalla quiénes pueden celebrarlos, incluyendo cabildos indígenas, consejos comunitarios y consorcios, según su objeto social.

Proyectos financiados por el Sistema General de Regalías deben cumplir con el régimen presupuestal y la Ley 80 de 1993, especialmente en proyectos para comunidades étnicas.

La Corte Constitucional determinó que los procesos ejecutivos sobre títulos valores derivados de contratos estatales, cuando involucran a terceros endosantes, son competencia de la jurisdicción ordinaria, no de la contencioso administrativa.

El Consejo de Estado estableció que las mayores cantidades de obra son ajustes dentro del contrato original, mientras que las obras adicionales requieren una modificación formal. Esta distinción es clave para garantizar claridad y estabilidad contractual.

El Consejo de Estado aclaró que el equilibrio económico de un contrato solo se rompe por hechos imprevisibles, ajenos a las partes, que alteren gravemente su ecuación económica, sin que ello derive de incumplimientos o actuaciones culposas.