Cuando se solicita adelanto de turno para fijar fecha de audiencia y dicha solicitud no se concede, ello, en sí mismo, no constituye causal para que proceda la acción de tutela.

El deber de remitir la demanda a la parte pasiva, puede acreditarse en dos momentos: simultáneamente con su radicación y, de forma posterior, siempre que no se haya decidido sobre su admisión.

Reparación directa: pese a que no se logre acreditar responsabilidad patrimonial por parte del agente estatal demandado, el juez de lo contencioso administrativo puede declararla respecto de sujetos de derecho privado también demandados.

Contencioso administrativo: es inconstitucional que la Contraloría General de la República emita concepto en el trámite de aprobación judicial de la conciliación extrajudicial.

Cuando se busca interponer una demanda por error jurisdiccional, no es procedente utilizar la acción de reparación directa como una tercera instancia con el fin de reabrir el debate sobre el asunto que fue objeto del error.

Control de convencionalidad ex officio a la conducta del Estado desplegada por la Procuraduría General de la Nación ante la falta de competencia de la autoridad administrativa para restringir derechos políticos.

Materialización de la cosa juzgada ante la simultaneidad de demandas de nulidad electoral y pérdida de investidura.

No es procedente, vía tutela, solicitar que se profiera una sentencia de unificación jurisprudencial; para ello es indispensable que la autoridad tenga conocimiento del asunto, dentro del trámite procesal respectivo.

La demora injustificada en la resolución de procesos administrativos sancionatorios, puede generar daños patrimoniales cuando se han adoptado medidas previas, tales como la incautación.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado reiteró que, la función consultiva, no procede cuando el objeto de consulta corresponde a un asunto pendiente de decidirse en un proceso judicial.