La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia indicó que, el legislador, no limitó al correo electrónico como único medio válido para realizar la notificación personal de decisiones judiciales; por el contrario, resaltó que existen otros medios que pueden suplirlo, siempre y cuando cumplan los requisitos de idoneidad.

El derecho de petición se ejerce y se agota al momento de elevar una solicitud y obtener su respuesta por parte de la respectiva entidad; la situación es distinta en el momento en que, la persona encargada de responder las demandas del peticionario, decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo. Así lo precisó el Consejo de Estado mediante fallo de tutela del 1 de diciembre del 2022.

La Sección Primera del Consejo de Estado resolvió un recurso de apelación, revocando una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó una demanda en tanto, para el juez de primera instancia, una de las personas que integraba el extremo por pasiva, no debía ser demandada.

Mediante providencia del 29 de noviembre de 2022, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dictó auto de unificación jurisprudencial respecto de la interpretación y aplicabilidad de los artículos 203 y 205 del CPACA, con relación al momento en que se entienden notificadas las sentencias proferidas en virtud a la Ley 1437 de 2011, para lo cual adoptó la siguiente regla:

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sede de consulta, mediante providencia del 27 de julio de 2022, confirmó sanción de suspensión por el término de un mes a una jueza de la República, al haber excedido el término de 10 días para resolver una acción de tutela. 

El Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó una apelación interpuesta contra una sentencia de primera instancia, aduciendo que el memorial por medio del cual se le sustituyó poder a la abogada que presentó el recurso de alzada, no cumplió con lo establecido en la Ley 2213 de 2022. Al efecto señaló:

El nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, realizado por el ex presidente Iván Duque, fue declarado nulo al haber desconocido la cuota de género establecida en el artículo 4 de la Ley 581 de 2000.

La Sección Segunda del Consejo de Estado ha recordado que, en el caso que una entidad pública no conteste una demanda que se haya formulado en su contra, no es posible dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 97 del C.G.P., el cual indica que los hechos narrados en la demanda susceptibles de confesión, se presumirán como ciertos.

La Universidad del Cauca demandó, ante el Consejo de Estado, la nulidad del acta de grado y diploma de una abogada titulada de esa institución. 

En sentencia de unificación SU 387 de 2022, la Corte Constitucional precisó que se configuró defecto procedimental cuando, al momento de notificar un fallo de tutela de primera instancia, se omitió el procedimiento establecido en los artículos 1º y 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020.