La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sede de consulta, mediante providencia del 27 de julio de 2022, confirmó sanción de suspensión por el término de un mes a una jueza de la República, al haber excedido el término de 10 días para resolver una acción de tutela.
El Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó una apelación interpuesta contra una sentencia de primera instancia, aduciendo que el memorial por medio del cual se le sustituyó poder a la abogada que presentó el recurso de alzada, no cumplió con lo establecido en la Ley 2213 de 2022. Al efecto señaló:
El nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, realizado por el ex presidente Iván Duque, fue declarado nulo al haber desconocido la cuota de género establecida en el artículo 4 de la Ley 581 de 2000.
La Sección Segunda del Consejo de Estado ha recordado que, en el caso que una entidad pública no conteste una demanda que se haya formulado en su contra, no es posible dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 97 del C.G.P., el cual indica que los hechos narrados en la demanda susceptibles de confesión, se presumirán como ciertos.
La Universidad del Cauca demandó, ante el Consejo de Estado, la nulidad del acta de grado y diploma de una abogada titulada de esa institución.
En sentencia de unificación SU 387 de 2022, la Corte Constitucional precisó que se configuró defecto procedimental cuando, al momento de notificar un fallo de tutela de primera instancia, se omitió el procedimiento establecido en los artículos 1º y 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020.
Tras 20 años de ocurrido el atentado terrorista “carro bomba” en contra del Club El Nogal, al norte de Bogotá, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de marzo de 2022, resolvió que al Estado Colombiano no podía imputársele, bajo ningún título, responsabilidad alguna por este hecho cuyo autor fue la guerrilla del ELN.
La Corte Constitucional, en sede de revisión, resolvió que, cuando una entidad pública divulga una sanción disciplinaria impuesta a uno de sus funcionarios al resto de sus trabajadores, no vulnera derecho fundamental alguno como la intimidad, buen nombre o debido proceso, toda vez que:
La no adjudicación de un contrato estatal a quien tenía derecho de ser adjudicatario, genera la responsabilidad patrimonial del estado en favor de quien presentó la propuesta más favorable al interés general. No obstante, para determinar la cuantía del perjuicio en estos casos, es suficiente demostrar el daño.
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario a partir del 1º de julio de 2021, al Departamento Administrativo de la Función – DAFP- se le solicitó
