La facultad de las entidades públicas para incorporar en los pliegos, causales de rechazo de las propuestas; no pueden ser superfluas, caprichosas o arbitrarias, por cuanto esta facultad no comporta un poder ilimitado; deben ajustarse a los lineamientos planteados en el numeral 6.
Explicó el Consejo de Estado que, en el proceso ejecutivo, no son procedentes excepciones que pretendan el estudio de la legalidad de los actos administrativos presentados para el cobro ejecutivo, en tanto, para ese efecto, deberá accionarse el medio de control que corresponda.
El deber de remitir un ejemplar de los memoriales presentados al juez, dentro de cualquier proceso judicial, corresponde a las partes y sus apoderados toda vez que, resulta más razonable que aquel que elabora el escrito y pretende incorporarlo al proceso, sea quien lo ponga en conocimiento de los demás sujetos procesales interesados, que atribuirles dicha carga a las secretarías de los despachos o corporaciones judiciales.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que, los contratistas del estado, solo serán sujetos disciplinables, cuando ejerzan de manera permanente o transitoria funciones públicas, administren recursos públicos o cumplan labores de interventoría o supervisión. Al efecto, no todo contratista estatal tiene la calidad de sujeto disciplinable, pues, lo que lo hace sujeto de dicha acción es que, en virtud del contrato celebrado, el particular desarrolle funciones públicas. Lo anterior en los términos del estatuto disciplinario vigente, esto es, Ley 1952 del 2019 y sus modificaciones efectuadas mediante Ley 2094 del 2022.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, recordó que la mora judicial no opera por el simple paso del tiempo, pues solo podrá configurarse, cuando “se acredite que la falta de resolución que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en razón suficiente para que se estructure la morosidad señalada.”.
La Sala plena del Consejo de Estado señaló que, su jurisprudencia, ha sido pacífica en reiterar que el recurso extraordinario de revisión, no es el mecanismo adecuado para remediar las falencias u omisiones en que incurren las partes en el desarrollo del proceso ordinario; no es de recibo que, en sede de revisión, se pretenda subsanar la omisión de solicitud de adición de la sentencia en el término de su ejecutoria, cuando el juez ha omitido pronunciarse sobre todo lo pretendido.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia indicó que, el legislador, no limitó al correo electrónico como único medio válido para realizar la notificación personal de decisiones judiciales; por el contrario, resaltó que existen otros medios que pueden suplirlo, siempre y cuando cumplan los requisitos de idoneidad.
El derecho de petición se ejerce y se agota al momento de elevar una solicitud y obtener su respuesta por parte de la respectiva entidad; la situación es distinta en el momento en que, la persona encargada de responder las demandas del peticionario, decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo. Así lo precisó el Consejo de Estado mediante fallo de tutela del 1 de diciembre del 2022.
La Sección Primera del Consejo de Estado resolvió un recurso de apelación, revocando una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó una demanda en tanto, para el juez de primera instancia, una de las personas que integraba el extremo por pasiva, no debía ser demandada.
Mediante providencia del 29 de noviembre de 2022, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dictó auto de unificación jurisprudencial respecto de la interpretación y aplicabilidad de los artículos 203 y 205 del CPACA, con relación al momento en que se entienden notificadas las sentencias proferidas en virtud a la Ley 1437 de 2011, para lo cual adoptó la siguiente regla:
