La tacha de falsedad no es un medio probatorio en sí misma, sino una prerrogativa procesal. Su rechazo no da lugar al recurso de súplica, impactando la estrategia procesal al no poder impugnar esa decisión directamente.
La Corte Suprema reafirma que las obligaciones dinerarias generan intereses de mora automáticamente al incurrir en retraso, sin requerir pacto expreso ni prueba de perjuicios, conforme al artículo 1617 del Código Civil.
El CSJ adopta lineamientos para un uso ético de la IA en la justicia, destacando su potencial para optimizar procesos, pero advirtiendo sobre riesgos como imprecisiones y exposición de datos, promoviendo supervisión humana y bases de conocimiento institucional.
El Consejo de Estado destacó la necesidad de precisión en las pruebas testimoniales para garantizar su utilidad, pertinencia y contradicción. Subrayó que referencias genéricas a la demanda no cumplen la finalidad procesal establecida por la Ley 1564 de 2012.
El nuevo Código Procesal del Trabajo incluye reformas clave como sentencia anticipada, garantía de segunda instancia y mayor uso de tecnología, fortaleciendo la justicia laboral con procesos más ágiles, inclusivos y eficaces en Colombia.
En el proceso civil, la libertad probatoria exige que las pruebas cumplan criterios de conducencia, pertinencia y utilidad, asegurando el derecho a probar y evitando rechazos inmotivados que vulneren el debido proceso.
La Resolución No. 00561 de 2024 de la Fiscalía General regula la aplicación del principio de oportunidad, estableciendo normas claras sobre su discrecionalidad, obligatoriedad, causales y control judicial en procesos penales.
El plazo de 30 días para la demanda de nulidad electoral debe contarse en días hábiles, excluyendo feriados y vacancia judicial. Una correcta contabilización es clave para evitar el rechazo por caducidad, según el CPACA.
El Consejo de Estado unifica los criterios para tramitar el recurso de apelación en procesos de reparación colectiva. Establece reglas claras sobre notificaciones, presentación y sustentación del recurso, admisión de pruebas y roles del Ministerio Público.
La Corte confirmó que la notificación electrónica de sentencias se perfecciona a los dos días hábiles del envío, según el artículo 205 del CPACA, y que los términos procesales inician al día siguiente, garantizando seguridad jurídica en lo digital.
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