La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador del departamento de Arauca.

El Consejo de Estado reconoció que el incumplimiento de obligaciones de hacer por parte de entidades estatales genera intereses moratorios

El Consejo de Estado reiteró que las entidades públicas no pueden liquidar unilateralmente contratos de capitación con EPS, al carecer de habilitación legal y contractual para ejercer esa prerrogativa propia del derecho público.

El concesionario se encuentra en la obligación de realizar el cierre financiero de los proyectos que ejecute.

El Consejo de Estado señaló que no es imputable al contratista la pérdida de vigencia del amparo si la liquidación de la aseguradora no fue notificada conforme a la ley ni exigida la renovación de la garantía por la entidad contratante.

La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, al adelantar la vigilancia preventiva respecto del proceso de selección para suscribir el contrato de prestación de servicios de defensa jurídica internacional con el fin de gestionar la defensa del Estado Colombiano, en el asunto de inversión de Continental Gold Inc y la...

El derecho ciudadano a impugnar actos precontractuales en la contratación pública está garantizado por el CPACA, permitiendo el control judicial para asegurar legalidad, transparencia y principios de selección objetiva.

Si no se demanda la nulidad del acto de liquidación unilateral de un contrato, no puede discutirse el incumplimiento ni reclamarse perjuicios, pues dicho acto tiene fuerza legal y define de forma definitiva las cuentas entre las partes.

Las cláusulas contrarias al numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 son ineficaces in limine y se entienden por no escritas. Su inaplicación en el proceso contractual requiere declaración expresa del ordenador del gasto, conforme al artículo 11 de la misma ley.

Es procedente la celebración de consorcios y/o uniones temporales conformados por entidades públicas y particulares destinados a formular y ejecutar planes de vivienda. El régimen legal aplicable será aquel de convenios de asociación, sin que exista una relación conmutativa en las actividades del convenio.