Competencia para ejercer control fiscal en contratos interadministrativos, donde una entidad del orden territorial contrata los servicios de una del orden nacional, es de la Contraloría General de la República.

Acción de tutela mediante apoderado judicial, exige poder especial; no es posible interponerla a partir de poderes generales o poderes para otros procesos judiciales.

Tribunal Administrativo de Nariño declara que el Rio Guáitara es un sujeto de derechos y debe ser protegido, conservado y restaurado para evitar su contaminación ambiental.

Conceptos de una autoridad administrativa, no son susceptibles de control judicial, por no corresponder a la noción de acto administrativo.

Tips para los abogados litigantes, al momento de solicitar la prueba testimonial y pericial, en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Alternativas en torno a la configuración de mora judicial, cuando la Fiscalía General de la Nación no da trámite oportuno a una denuncia ciudadana.

La Corte Constitucional declaró inexequible el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, reduciendo el número de semanas de cotización para la pensión de vejez de mujeres a partir del año 2026.

La detención preventiva impuesta por una autoridad judicial constituye un hecho externo que resulta imprevisible, por lo tanto, no se configura la causal de pérdida de investidura por no haber tomado posesión del cargo.

La figura de sentencia anticipada regulada en el artículo 182A del CPACA es incompatible con la regulación del proceso de pérdida de investidura contenida en la Ley 1881 de 2018.

La fijación del litigio es un acto del juez encaminado a hacer más eficiente el proceso judicial, puesto que se definen los hechos y puntos objeto de controversia que deben ser probados por las partes.