En procesos de contratación pública, un pagaré en blanco no constituye ninguna garantía por su incapacidad de asegurar el cumplimiento de obligaciones o evitar o mitigar riesgos, al no especificar amparos, vigencia, sumas aseguradas ni valor de prima.

En la Sentencia del 27 de octubre de 2023, emitida por el Consejo de Estado en el expediente 60291 y con la ponencia del Consejero José Roberto Sáchica Méndez, se realizó un análisis detallado de la naturaleza jurídica de un acto relevante en los procesos de licitación pública, tal como lo es el pliego de...

Cuatro requisitos que deben concurrir para la aplicación del régimen especial de convenios solidarios para el desarrollo de programas, establecidos en el artículo 2.2.15.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

En el medio de control de nulidad simple, si no prosperan cargos contra el pliego de condiciones, no es posible predicar la nulidad del acto de adjudicación.

Oferentes plurales pueden contratar laboralmente al personal operativo que requieran en la ejecución de contratos de vigilancia y seguridad privada, a pesar que la licencia expedida por la Supervigilancia para prestar este servicio, no esté a nombre de ellos.

Corte Suprema de Justicia ratifica condena contra exdirectora de la UAERMV de Bogotá, María Gilma Gómez, por delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, al haber omitido la modalidad de licitación pública.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en Concepto C-001 del 2024, respecto a los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres, resolvió la siguiente consulta:   “[…] ¿En un proceso de selección de contratista, en el cual sea aplicable las medidas afirmativas para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres,...

En virtud al incumplimiento del contratista, dependiendo del compromiso incumplido, se hará efectiva, ya sea, el amparo de cumplimiento o el de calidad, sin perder de vista que son excluyentes entre sí.

La omisión de liquidar un contrato no constituye “per se” daño al patrimonio público; sin embargo, puede ser la causa de un daño posterior que debe ser evidenciado como una circunstancia real, concreta y cuantificable.

El Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de febrero de 2024, ratificó su postura frente a la improcedencia de aplicar las disposiciones de la Ley 80/93, Ley 1150/07 y Decreto 1082/15, de forma automática a los convenios interadministrativos, resaltando que los mismos se rigen por lo dispuesto en la Ley 489/98...