Colombia Compra Eficiente, mediante la Circular Externa 001 de 2025, reafirma la obligatoriedad del SECOP II en la contratación pública. Establece fechas límite, advierte sanciones por incumplimiento y busca mayor transparencia en los procesos estatales.
El Decreto 1600 de 2024 refuerza transparencia en contratación estatal: verificación de control empresarial, buenas prácticas y análisis de mercado abiertos. Implementación antes del 27/06/2025.
El Consejo de Estado señaló que las aseguradoras pueden impugnar cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato asegurado, dado su interés legítimo como garantes del cumplimiento y posibles afectadas por disposiciones contractuales ineficaces o nulas, a través del medio de control de controversias contractuales.
Entidades estatales pueden acudir a la la amigable composición para dirimir sus controversias.
En el marco de un proceso de contratación directa por urgencia manifiesta, la Entidad Estatal está llamada a permitir la acreditación de la capacidad financiera con documentos distintos al RUP.
Colombia Compra Eficiente señala que las entidades pueden dividir contratos en lotes para optimizar recursos y fomentar la participación de Mipymes, siempre que analicen su conveniencia, economía y eficiencia, y establezcan reglas claras en su planificación.
La Procuraduría advierte sobre sanciones penales, fiscales y disciplinarias por irregularidades en proyectos con regalías, enfatizando en la importancia de la planeación, transparencia y responsabilidad en la ejecución contractual.
La Agencia Nacional de Contratación Pública, en el Concepto C 053 de 2025, determinó que la caducidad del art. 61 de la Ley 610 de 2000 afecta solo el contrato vinculado a la responsabilidad fiscal, pero obliga al contratista a ceder su posición contractual por inhabilidad sobreviniente.
El Concepto C 973 de 2024 de CCE establece las reglas que deben cumplir los contratos adjudicados a proponentes extranjeros bajo el régimen del EGCAP.
El cierre del expediente contractual es obligatorio solo en dos casos: cuando vencen las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o cuando se establecen condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras.
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