Control de convencionalidad ex officio a la conducta del Estado desplegada por la Procuraduría General de la Nación ante la falta de competencia de la autoridad administrativa para restringir derechos políticos.

Materialización de la cosa juzgada ante la simultaneidad de demandas de nulidad electoral y pérdida de investidura.

No es procedente, vía tutela, solicitar que se profiera una sentencia de unificación jurisprudencial; para ello es indispensable que la autoridad tenga conocimiento del asunto, dentro del trámite procesal respectivo.

La demora injustificada en la resolución de procesos administrativos sancionatorios, puede generar daños patrimoniales cuando se han adoptado medidas previas, tales como la incautación.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado reiteró que, la función consultiva, no procede cuando el objeto de consulta corresponde a un asunto pendiente de decidirse en un proceso judicial.

El plazo de tres días para presentar reparos por escrito, establecido en el inciso 2° del numeral 3° del artículo 322 del CGP, es aplicable al apelante que haya expresado de forma oral, en audiencia, sus reparos contra la sentencia.

Tribunal Administrativo de Nariño ordenó a CORPONARIÑO entregar información pública relativa al proceso de designación de Director General, que la entidad, arbitrariamente, se negaba a entregar.

La responsabilidad patrimonial del Estado por trabajos públicos es objetiva y recae en la propietaria de la obra, sin que se excluya la de los ejecutores (contratistas), debido a que su colaboración no convierte la obra en privada.

Es incorrecto convocar audiencias presenciales y obligar a las partes a asistir de esa manera, cuando la Ley 2213 de 2022 establece que las audiencias judiciales en procesos ordinarios deben ser virtuales por regla general.

Una entidad pública no puede condonar total o parcialmente el pago de sumas reconocidas en su favor, en virtud de un fallo judicial ejecutoriado, so pena de incurrir en un detrimento patrimonial.